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Sin embargo, intentar inscribirse y cumplir con la ley, resulta un total calvario. En definitiva, esta diligencia no se puede concretar en menos de dos visitas, sin contar lo agotador y desgastante que es lograr llegar a las oficinas centrales, en razón del caos vial que pareciera estar presente en cualquier metro cuadrado de este país. Lo más impresionante es que una de esas dos visitas, es simplemente solicitar una cita, que no se puede hacer de ninguna otra forma que no sea presencial, y de la cual me tomó esperar tres horas, para que en cuestión de diez minutos se me asignara para la siguiente semana.

Mientras esperaba a ser atendida con la ficha número 458 en la mano, noté como el sentimiento de frustración, desorientación y resignación, es común en cada una de las personas que se encuentran en ese lugar. Absolutamente nadie quiere estar ahí. Lo que más llamó mi atención, fue escuchar como todas las personas se quejaban de la manera en que se realizan los trámites ante esa institución, no obstante, automáticamente proponían soluciones sumamente prácticas, que en su gran mayoría podrían ser completamente viables y acordes al siglo en el que vivimos.

Tenemos un gobierno que durante décadas ha asumido como propia la tarea de promover y de proteger un marco de institucionalidad respetuoso de los derechos humanos, las obligaciones laborales y la protección del ambiente.

Esto es un reflejo de que no es tan complicado mejorar las cosas, realmente nos estamos enfrentado a un tema que tiene solución, ¡eso es lo que lo hace tan frustrante! No obstante, nosotros como administrados, no tenemos más opción que esperar, distraernos con los celulares (si es que entra el Internet), y rezar para que esta vez sí podamos concluir el trámite. Lo irónico aquí, es que todo el desgaste, el tiempo perdido, la mala experiencia y la frustración por la que pasa el ciudadano, es para cumplir lo que por ley se exige.

¿Son necesarios tantos trámites?

Si se analiza de manera objetiva, gran parte de la tramitología que por ley se debe realizar, está debidamente motivada y resulta fundamental para la convivencia en sociedad. Me gustaría pensar que la mayoría de las personas están de acuerdo con la esencia de muchos de estos trámites. ¿Quién se opondría a la necesidad de contar con una viabilidad ambiental a la hora de desarrollar un proyecto? Esto, a efectos de que se determine que lo que se pretende desarrollar no tiene un impacto negativo sobre el ambiente. O bien, sobre la importancia de que el cantón local cuente con un plan para evitar que casas de habitación estén a la par de bares o centro nocturnos.

Con los ejemplos anteriores no se pretende apoyar e instar la burocracia y la tramitología dentro de este país, que ya de por si es mucha, se busca concientizar que es innegable la importancia de la intervención, fiscalización, pero sobre todo, de la protección por parte del Estado para muchas de las actividades que se realizan día a día. Al convivir en un estado de derecho, se requiere implementar ciertas limitaciones y restricciones que paralelamente otorgan y garantizan derechos. Sin embargo, lo anterior no justifica que sean tan tediosos y engorrosos la realización de estos trámites; la hoja con los requisitos y la espera- la larga espera- suelen ser el común denominador. El sistema y con frecuencia los funcionarios públicos, no colaboran para que estas diligencias sean un poco más amigables con el administrado.

El contacto más cercano que tenemos con el Estado es cuando tenemos que a ir a una entidad pública a realizar alguna gestión, es aquí cuando el concepto abstracto de la figura estatal se materializa. Es esencial que la experiencia, pero sobre todo el servicio sea de calidad y acorde a la realidad actual a la que vivimos: el tiempo es oro. Si bien se han hecho esfuerzos para hacer más eficientes los trámites administrativos, como lo es la promulgación de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, la digitalización de documentos, la instauración de plataformas digitales, entre otros, sin lugar a duda estos se deben mejorar y homogenizar para que apliquen obligatoriamente en cada una de las instituciones públicas.

Lejos de seguir creando y promulgando nuevas leyes y mecanismos de control para obligar a los ciudadanos a realizar determinados actos, ¿qué tal cambiar las políticas y enfocarse en mejorar y hacer más agradables y eficientes el cumplimiento de las obligaciones ya existentes? ¿Cómo sería si se habilitaran espacios agradables, se hiciera uso de la tecnología, se promovieran procedimientos más eficientes, se informara de una manera más integral, y no por medio de rótulos desteñidos pegados en el mismo lugar en letra comic Sans 9? Sin lugar a duda, estos cambios incentivarían al ciudadano en el cumplimiento de sus obligaciones, habría menos evasión, mayor participación y sobre todo menor descontento popular.

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